La esposa de «Tuli» Carrizo acudió a la Justicia contra el Jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, y el jefe de Investigaciones. Acusa a la cúpula policial de intimidación pública tras duras declaraciones mediáticas. Crece la alarma por los abusos de poder y la justicia por mano propia desde el Estado.

RESISTENCIA. Una grave presentación judicial volvió a poner bajo la lupa el accionar y el discurso violento de la cúpula de la Policía del Chaco. Eliana Belén Giménez, esposa de Néstor Sebastián «Tuli» Carrizo —investigado por una causa de robo a mano armada—, denunció penalmente al Jefe de Policía, Fernando Javier Romero, y al jefe de Investigaciones, Marcelo Nelson Alvarenga.

La acusación formal apunta a los supuestos delitos de intimidación pública, incitación a la violencia colectiva y apología del delito, raíz de una serie de agresivas declaraciones mediáticas que los jefes policiales realizaron contra el imputado en distintos medios de comunicación.

La doctrina del «disparen primero»: cuando la policía actúa al margen de la ley

En su escrito, la mujer advirtió sobre el peligro real en el que se encuentra la integridad física de su marido tras el amedrentamiento público de Romero y Alvarenga: «No le hagan nada a mi marido», imploró.

El hecho expone un modus operandi peligroso: amparados en el clima político de «mano dura» que se promueve tanto a nivel provincial como nacional, los altos mandos policiales prefieren actuar como jueces y verdugos mediáticos antes que garantizar el debido proceso y la investigación judicial.

Mientras el Gobierno provincial utiliza la figura de Romero para vender una falsa imagen de «orden y control», la realidad en las calles demuestra una policía sobreempoderada, dispuesta a bordear el delito con tal de ganar minutos de televisión. La Justicia provincial ahora deberá dictaminar si los jefes policiales cruzaron el límite constitucional, en una provincia donde los excesos de las fuerzas de seguridad ya no pueden seguir siendo avalados desde el poder político.