En una provocación sin precedentes en más de 200 años de historia diplomática, el presidente argentino viajó con fondos públicos a San Pablo para insultar a Lula da Silva y atacar a las instituciones brasileñas. Mientras el Gobierno nacional juega a la guerra ideológica, el comercio de las provincias norteñas como el Chaco padece las consecuencias.

La irresponsabilidad de la política exterior del Gobierno nacional acaba de detonar la crisis diplomática más grave en dos siglos con nuestro principal socio comercial. En un viaje financiado por el Estado argentino, el presidente Javier Milei participó de un acto partidario de la extrema derecha brasileña en San Pablo para insultar de manera directa a Lula da Silva y a los miembros del Supremo Tribunal Federal.

La respuesta de Brasilia fue contundente: el canciller Mauro Vieira calificó el hecho como «una provocación sin precedentes» y una «intromisión agresiva en temas internos», retirando a su embajador en Buenos Aires para «llamado a consultas», el paso previo a la ruptura formal de relaciones.

El capricho ideológico que paga la producción regional

La gravedad del ataque no es solo verbal. Milei tildó a Lula de «ladrón» e insultó a las autoridades judiciales brasileñas en un mitin político, desatando el repudio inmediato de todo el arco institucional del país vecino.

Las consecuencias del show presidencial no las pagarán los funcionarios en la Casa Rosada, sino el pueblo trabajador y las economías regionales. Brasil es el comprador por excelencia de las exportaciones del Norte Grande y el motor del Mercosur. Aislar a la Argentina de su socio estratégico para alimentar el ego de la extrema derecha internacional pone en riesgo directo las industrias, el empleo de las Pymes y la cadena agroexportadora de provincias como el Chaco.

En lugar de gestionar soluciones para los salarios de hambre, los despidos y la recesión que azotan al país, la gestión nacional prefiere la pirotecnia verbal y los viajes privados disfrazados de agenda de Estado. Brasil se tomará 48 horas para definir las sanciones diplomáticas y comerciales; el costo de esta «irresponsabilidad histórica», en cambio, ya comenzó a correr por cuenta de todos los argentinos.