Una nueva controversia política sacude al entorno del Gobierno nacional. Bettina Julieta Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni, solicitó formalmente su adhesión al régimen de regularización patrimonial conocido como «inocencia fiscal», un mecanismo previsto por la Ley 27.799 para declarar activos o ingresos que permanecían fuera del circuito formal.
La presentación fue realizada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) el pasado 31 de mayo y se conoció en las últimas horas a través de una publicación periodística que rápidamente generó repercusiones en el ámbito político.
El dato adquiere especial relevancia porque la solicitud se produce en la antesala de la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales de uno de los funcionarios más importantes del gobierno de Javier Milei.
Según la información difundida, Angeletti se desempeña como trabajadora autónoma desde 2017 en actividades profesionales, científicas y técnicas. Sin embargo, hasta octubre de 2025 no había formalizado sus altas en los impuestos al Valor Agregado (IVA) y a las Ganancias.
La situación abre interrogantes políticos inevitables. Mientras el Gobierno nacional impulsa un fuerte discurso de transparencia, austeridad y cumplimiento fiscal para el conjunto de la ciudadanía, la decisión de recurrir a un régimen de regularización por parte de una persona estrechamente vinculada a un alto funcionario genera cuestionamientos y pedidos de explicaciones desde distintos sectores de la oposición.
Aunque el mecanismo se encuentra previsto dentro de la legislación vigente y cualquier contribuyente puede acceder a él cumpliendo los requisitos establecidos, el impacto político del caso radica en el contexto y en la cercanía de la persona involucrada con el círculo más importante del poder nacional.
El episodio vuelve a instalar el debate sobre la coherencia entre el discurso oficial y las situaciones que involucran a familiares directos de integrantes del Gobierno. Mientras tanto, la polémica suma un nuevo capítulo en un escenario político cada vez más atravesado por las discusiones sobre transparencia patrimonial y obligaciones tributarias.
