La entrada de los padres de Loan Danilo Peña, José Peña y María Noguera, a los tribunales federales de Corrientes marca el inicio de la etapa más dolorosa y crucial de un juicio oral largamente esperado. A dos años exactos de la desaparición del pequeño de cinco años en el paraje El Algarrobal, el banquillo de los acusados no solo juzga a los 17 imputados por la sustracción, el ocultamiento y el posterior encubrimiento del hecho; juzga, en el fondo, la capacidad del Estado para desarmar un perverso entramado de complicidades locales.

La declaración de José Peña este martes volvió a sacudir el expediente al apuntar directamente contra las maniobras iniciales de su propia hermana, Laudelina, y al describir el nerviosismo corporativo que rodeó aquella jornada. La reconstrucción de ese almuerzo familiar, que pasó de la aparente normalidad a una pesadilla nacional, expone las piezas de un rompecabezas que fue sistemáticamente embarrado por el poder político, municipal y policial de la localidad de 9 de Julio, personificado en figuras como el excomisario Walter Maciel y la exfuncionaria Victoria Caillava.

La angustia de un padre que declara no saber si su hijo está vivo o muerto es el recordatorio más brutal de que la burocracia judicial tardó dos años en sentar las bases de un debate oral que debió haber sido inmediato.

El valor de este debate oral, que se extenderá con una extensa lista de testigos e imputados de la causa paralela por encubrimiento, radica en la necesidad de quebrar la ley del silencio. La sociedad regional asiste a estas audiencias con una demanda que excede lo penal: exige la certeza de que las estructuras delictivas y los desvíos planificados no tengan el poder de borrar a un niño del mapa sin dejar rastro. El juicio en Corrientes es la última oportunidad de la justicia federal para demostrar que la impunidad tiene un límite.