La aprobación de la nueva ley de honorarios profesionales en el Chaco abrió una fuerte polémica judicial, política y económica que ya comienza a preocupar a ciudadanos, empresas, obras sociales y organismos públicos que deban afrontar litigios en la Justicia provincial.

Mientras los colegios y entidades de abogados celebran la norma como una actualización “histórica” que dignifica la profesión, distintos sectores advierten que la reforma implicará aumentos millonarios en los costos judiciales y podría convertirse en una nueva barrera para acceder a la Justicia.

La ley, aprobada por amplia mayoría en la Legislatura provincial y promulgada sin objeciones por el Poder Ejecutivo, reemplaza un sistema vigente desde 1976 e incorpora una nueva Unidad de Medida Arancelaria (UMA) para calcular honorarios profesionales.

El problema, señalan las críticas, es el fuerte salto económico que implican esos nuevos parámetros.

Actualmente, una UMA equivale a más de $92 mil y el honorario mínimo para cualquier proceso judicial pasó a superar ampliamente el millón de pesos cuando intervienen patrocinante y apoderado.

Hasta ahora, con la normativa anterior, el piso mínimo rondaba los $500 mil.

El impacto se vuelve todavía más fuerte en los juicios ejecutivos, uno de los procesos más frecuentes dentro del fuero Civil y Comercial chaqueño. Allí, el mínimo legal podría superar los $2 millones incluso en causas por montos muy inferiores.

La situación genera especial preocupación en pequeños comerciantes, particulares y sectores vulnerables que muchas veces enfrentan demandas o reclamos judiciales por cifras bajas y ahora deberán afrontar costos profesionales desproporcionadamente más altos.

Uno de los puntos más cuestionados es que la actualización de los honorarios quedó atada a las UMA definidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para el fuero federal, es decir, con parámetros salariales nacionales y no provinciales.

Durante el debate legislativo, la diputada Teresa Cubells fue prácticamente la única voz crítica y advirtió sobre el riesgo de generar “una nueva barrera para el acceso a la justicia”.

Otro capítulo conflictivo surgió cuando algunos camaristas rechazaron aplicar retroactivamente la nueva ley en expedientes iniciados antes de su aprobación. Esa decisión desató fuertes cuestionamientos desde sectores de la abogacía y terminó generando la reacción de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales, que denunció ataques y presiones públicas contra integrantes de la Cámara Civil.

Además del impacto sobre particulares, el nuevo esquema también podría generar mayores costos para el propio Estado provincial, que enfrenta de manera constante amparos, litigios administrativos y demandas judiciales.

En un contexto económico complejo, con caída del poder adquisitivo y crecientes dificultades sociales, el debate ya excede a los abogados: la discusión de fondo pasa ahora por cuánto costará litigar en el Chaco y quiénes podrán realmente acceder a la Justicia en esta nueva etapa.