La desaparición de Axel Alejandro González, el joven de 21 años visto por última vez a mediados de mayo en Fontana, ha dejado de ser un complejo expediente policial para convertirse en una herida abierta en la credibilidad institucional del Chaco. Las recientes declaraciones de la abogada defensora Macarena Barceló, quien insiste en que sus representados son apenas «los perejiles» de una causa armada para desviar la atención, vuelven a poner el foco sobre la hipótesis más oscura y preocupante: la pista policial.

Que la querella haya solicitado formalmente la imputación y detención de tres efectivos de la Comisaría Segunda de Fontana no es un dato menor ni una mera especulación de pasillo. Existen elementos probatorios que ubican a un móvil de esa dependencia en la secuencia inmediata anterior a que se perdiera el rastro de Axel. Frente a este escenario, que roza las fibras más sensibles de los derechos humanos y la seguridad pública, el silencio y la falta de respuestas contundentes por parte del Gobierno provincial resultan ensordecedores.

Mientras la justicia avanza a paso lento con peritajes telefónicos, análisis de vehículos y rastrillajes tardíos, la desconfianza social crece. El Ministerio de Seguridad de la provincia debe dejar de tratar este caso como un hecho delictivo común y asumir la responsabilidad política de purgar y transparentar de forma urgente el accionar policial sospechado. Si el Chaco no garantiza una investigación libre de encubrimientos corporativos, el mensaje para la ciudadanía será devastador: la impunidad sigue ganando terreno en nuestras calles.