El brutal crimen de Daniel Alberto Robert en Barranqueras, perseguido y apuñalado en plena vía pública por un grupo de personas tras una presunta agresión a un menor, no es un hecho policial aislado; es la radiografía de un entramado social que cruje. Cuando los ciudadanos deciden romper el pacto democrático y ejercer la violencia por mano propia, lo que se está manifestando, en el fondo, es una alarmante y peligrosa desconfianza en las instituciones que deberían garantizar el orden y la justicia.

Por supuesto que la violencia vecinal es condenable y que el homicidio debe ser castigado con todo el peso de la ley. Sin embargo, el análisis político no puede quedarse en la superficie del castigo a los autores materiales. El Gobierno provincial no puede mirar para otro lado ante el preocupante mensaje que subyace en estos episodios: una parte de la sociedad percibe que el Estado llega tarde, que la prevención falla y que la justicia es un engranaje lento o inexistente.

Cuando la calle se convierte en un tribunal y la ejecución se resuelve en una vereda de la avenida Gaboto, la política de seguridad del Chaco ha fracasado en su misión más básica.

La Fiscalía N° 06 y la policía actuaron rápido para detener a los sospechosos, pero la respuesta reactiva no soluciona el problema de fondo. La gestión provincial debe asumir la responsabilidad de reconstruir la presencia estatal en los barrios, garantizando canales eficaces donde la ciudadanía se sienta verdaderamente protegida y contenida. Dejar que la frustración y el desamparo sigan escalando es habilitar una ley de la selva que nos deshumaniza a todos.