En medio del endurecimiento del discurso oficial contra los cuidacoches y trabajadores informales en Resistencia, la Defensoría General Adjunta del Poder Judicial del Chaco pidió informes formales a la Policía provincial tras la viralización de un operativo difundido desde canales institucionales
La presentación fue realizada por la defensora adjunta Gisela Gauna Wirz, quien solicitó precisiones sobre el marco legal utilizado durante el procedimiento en el que efectivos policiales interceptaron, requisaron y trasladaron a cuidacoches en plena vía pública.
El episodio tomó fuerte repercusión luego de que las imágenes comenzaran a circular en redes sociales, en un contexto político donde avanza el debate sobre la prohibición de los denominados “trapitos” en la capital chaqueña.
Gauna Wirz cuestionó especialmente el carácter del material difundido oficialmente. Según explicó, inicialmente creyó que se trataba de “una pieza comunicacional o una simulación”, al considerar inusual que una posible privación de libertad fuera exhibida públicamente desde cuentas institucionales.
Pero el planteo va más allá de la forma. La funcionaria advirtió que en el video no se observa con claridad cuál habría sido la contravención o delito que justificó la intervención policial. “No toda actividad irregular habilita automáticamente una detención”, recordó, remarcando que las demoras o aprehensiones son medidas excepcionales previstas por el Código Procesal Penal.
Además, puso el foco en las requisas personales realizadas durante el operativo y alertó sobre la necesidad de respetar protocolos y garantías constitucionales. “Tiene que haber una justa causa y tampoco pueden ser humillantes las requisas”, sostuvo.
El caso vuelve a instalar una discusión sensible en el Chaco: hasta dónde pueden avanzar los operativos de control en nombre del orden público y cuáles son los límites legales cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad social.
En un contexto económico complejo, donde crece el trabajo informal y la presencia de cuidacoches en distintas zonas urbanas, el debate ya no pasa solamente por seguridad o convivencia urbana, sino también por derechos, legalidad y posibles excesos institucionales.
La propia defensora aclaró que su intervención “no implica defender a los trapitos”, sino garantizar que cualquier procedimiento policial se realice dentro de los marcos legales vigentes y sin abusos de poder.
