Luego de la polémica generada por la decisión de dar de baja ese fideicomiso a fines de noviembre, el Ejecutivo determinó que, si bien mantiene la clausura, el dinero no pasará a libre disponibilidad del Tesoro.

La medida se implementó a través de la Resolución 788/2025 del Ministerio de Economía, publicada este miércoles en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Luis Caputo.

El texto recuerda que, en el marco de los cierres de fondos fiduciarios, «las sumas líquidas, tenencias en títulos públicos y otros activos financieros representativos de inversiones se considerarán de libre disponibilidad para el Tesoro Nacional».

Sin embargo, «en cuanto al cumplimiento de los fines de la Asistencia Directa a Víctimas de Trata –obligación que se mantiene incólume-, resulta esencial preservar la disponibilidad de los ingresos con origen en los decomisos aplicados en virtud de la ley 26.364 y sus modificaciones, y aquellos originados en causas de lavado de activos provenientes de los delitos previstos en la norma mencionada, los que se encuentran en las cuentas que pertenecían al Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata– Ley 26.364″.

Como consecuencia, el Gobierno decidió exceptuar al «Fondo Fiduciario Público denominado ‘Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata – Ley 26.364’ (en liquidación)», de esa disponibilidad para el Tesoro. Sin embargo se mantiene la medida del cierre.

Por qué el Gobierno cerró el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata

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Amparada por la Ley Bases, que habilitó al Poder Ejecutivo a «modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos», se dieron de baja cinco fideicomisos bajo el argumento de que auditorías internas revelaron «incumplimiento de los objetivos», «ausencia de controles confiables», «administración costosa para el Estado» y «discrecionalidad en los créditos o financiamiento otorgados».

Entre ellos, el Fondo Fiduciario Público denominado Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata – Ley 26.364, destinado a la asistencia directa a víctimas del delito de trata y explotación de personas.

El Gobierno justificó el cierre en base a un informe de la SIGEN que señala «la inexistencia de un manual de procedimientos formalizado, falencias observadas en el Contrato de Fideicomiso y la inexistencia de un Sistema Informático para la gestión de la unidad ejecutiva del referido Fondo, entre otros».