Hace 35 años, el ingeniero Horacio Santos persiguió y ejecutó a dos ladrones que le habían robado un pasacassette. La escena estremeció a la sociedad argentina, polarizó la opinión pública y marcó un antes y un después en el debate sobre la legítima defensa.

Sábado 16 de junio de 1990. El mediodía avanza en Villa Devoto. Las veredas están llenas de gente que sale a hacer las compras para el Día del Padre. En una zapatería, el ingeniero Horacio Santos, de 42 años, interrumpe la conversación con su esposa al escuchar el ruido de una alarma. La reconoce: es la de su auto.

Sale y ve a dos hombres huir con su pasacassette. Una sonrisa burlona en uno de ellos enciende la mecha. Santos corre hacia su Renault Fuego. Acelera sin pensarlo. Empieza la persecución.

Cuando logra alcanzarlos en la esquina de Pedro Morán y Campana, saca un revólver calibre 32 largo. Su esposa, Norma López, grita desesperada: “¡Nos van a matar!”. Santos dispara dos veces. No falla. Ambos tiros a la cabeza. Ambos ladrones mueren en el acto.

Una sociedad partida

La escena fue brutal. Dos cuerpos inmóviles en el interior de un Chevrolet dorado modelo 1974. Un rosario y un chupete colgaban del espejo retrovisor. La imagen recorrió todos los medios. A partir de ahí, el caso Santos se convirtió en símbolo, discusión y grieta.

El hecho no presentaba misterio. Todo estaba claro: persecución, ejecución, huida. Sin embargo, la controversia no era jurídica, sino moral y social. ¿Hasta dónde puede llegar una víctima? ¿Cuándo se transforma en victimario?

En los días posteriores, la defensa de Santos —a cargo del exjuez Eduardo Gerome— apeló al hartazgo. “Estaba cansado de que lo robaran. Fueron once veces”, repetía. Se habló de emoción violenta, de defensa propia, de pérdida de conciencia. Santos afirmaba no recordar nada del momento del tiroteo.

Mientras tanto, en la calle, en la televisión y en la política, el caso era tema excluyente. El presidente Carlos Menem opinó en televisión. Bernardo Neustadt lo bautizó como “El Justiciero”. El ingeniero se convirtió para algunos en un héroe, para otros, en un símbolo del colapso de la justicia formal.

Un fallo que reflejó la grieta

Tras pasar sólo unos días detenido, Santos fue beneficiado con prisión domiciliaria por razones de salud. En 1995, fue condenado a 12 años de prisión por doble homicidio simple. Sin embargo, la Cámara redujo la pena: tres años en suspenso por “exceso en la legítima defensa”.

El fallo fue tan discutido como el caso. Reflejó la división social y judicial frente a la violencia reactiva. Las familias de las víctimas también iniciaron juicios civiles: una terminó en arreglo extrajudicial; en la otra, Santos fue condenado a pagar una indemnización.

El peso del gatillo

Santos se mudó con su familia y evitó toda exposición pública. En 2008, volvió a ser noticia cuando ladrones ingresaron a su casa. Fueron detenidos antes de huir. El defensor de los delincuentes ironizó: “Tuvieron suerte de que Santos no se despertara. Podrían haber terminado mucho peor”.

A 35 años del hecho, el caso Santos sigue siendo un espejo de la sociedad argentina, una que a veces, entre la bronca y la impotencia, roza peligrosamente los límites del Estado de derecho.

Y aunque el ingeniero jamás fue a prisión, el peso de haber matado —como suele decir su entorno— no se borra nunca. La pregunta, sin respuesta única, sigue vigente: ¿qué haríamos nosotros en su lugar?

POR MATIAS CONESA