El rechazo del Equipo Fiscal al pedido de detención y declaración indagatoria de los tres policías de la Comisaría Segunda de Fontana, sospechados de ser los últimos en interceptar a Axel González, cae como un balde de agua fría sobre una sociedad chaqueña hastiada de las dilaciones. La resolución judicial que argumenta «esperar la culminación de pruebas en curso» suena a excusa burocrática frente a la desesperación de una familia que, desde hace más de un mes, exige saber dónde está el joven de 21 años.

La cautela fiscal contrasta brutalmente con la gravedad de la acusación planteada por la querella. Hablamos de funcionarios públicos encargados de la seguridad —Roberto Omar Barrios, Gerardo Antonello Méndez y Claudio Miguel Tropez— cuyos nombres y teléfonos celulares están formalmente vinculados a un expediente por desaparición. En una provincia con tristes antecedentes de abusos institucionales, el Estado chaqueño no puede permitirse que los tiempos de la justicia parezcan un manto de protección corporativa para las fuerzas policiales. El mensaje que se envía a la comunidad es peligroso: mientras la pista apunta al uniforme, el ritmo procesal se ralentiza.

Las «garantías constitucionales» de los imputados y sospechosos se cuidan con celo milimétrico, pero el derecho fundamental de Axel a ser encontrado y de su familia a saber la verdad parece quedar atrapado en el laberinto de las pericias eternas.

La gestión gubernamental de la provincia y las máximas autoridades del Ministerio de Seguridad no pueden seguir refugiándose en el cómodo silencio del «respeto a los tiempos judiciales». Purga, transparencia y respuestas inmediatas es lo mínimo que se debe exigir cuando la sombra de la desaparición forzada sobrevuela una comisaría del Gran Resistencia. Extender la espera de los peritajes mientras los sospechosos caminan libres solo desgasta la poca credibilidad que le queda al sistema de justicia en el Chaco.