El último informe del Observatorio PyME es el certificado de defunción para el relato de la reactivación económica que intentan vender desde los despachos oficiales en Buenos Aires. Las pequeñas y medianas empresas, que sostienen más del 50% del empleo asalariado de nuestro país y que son el motor productivo de provincias como el Chaco, enfrentan hoy una doble pinza mortal: ya no solo sufren una caída histórica en sus ventas (que afecta al 83% de las firmas), sino que ahora, 6 de cada 10 tienen serios problemas para cobrar lo poco que venden.

El deterioro de la cadena de pagos saltó del 35% al 60% en apenas un año de gestión de Javier Milei. Esto no es un accidente de mercado; es la consecuencia directa de una política económica diseñada para enfriar el consumo, secar la plaza de pesos y desproteger la industria local. Las PyME carecen de la espalda financiera o el acceso al crédito de las grandes corporaciones para financiar el pedaleo de sus clientes, lo que arrastra al sector a un escenario de asfixia total sobre el capital de trabajo que pone en riesgo los salarios y la subsistencia misma de los puestos laborales.

Lo más alarmante y perverso del modelo actual es el incentivo a la desindustrialización. El informe revela que el único negocio rentable hoy es importar, empujando a las fábricas a dejar de producir para convertirse en simples revendedoras de productos extranjeros.

El Gobierno nacional parece ensañado en dinamitar el entramado productivo nacional para favorecer la timba financiera y la apertura indiscriminada de importaciones. Mientras tanto, a nivel provincial, el silencio o la falta de herramientas de contención financiera efectivas para nuestras empresas locales terminan siendo cómplices de este industricidio. Si el Estado no reacciona y cambia el rumbo de manera urgente, el invierno económico que viene destruirá lo poco que queda en pie de la producción argentina.