La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocó el rechazo inicial y ordenó tramitar el amparo presentado por más de 20 organizaciones sindicales. Se cuestionan resoluciones del Ministerio de Seguridad que habilitan el accionar policial en protestas laborales.

La Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió este martes aceptar la acción de amparo presentada por más de 20 gremios contra las resoluciones 893/2024 y 901/2024 del Ministerio de Seguridad de la Nación, que encabeza Patricia Bullrich. Las normas cuestionadas establecen un protocolo que permite la intervención de fuerzas de seguridad en manifestaciones sindicales, la identificación de manifestantes y la remisión de sus datos a la justicia penal.

Los sindicatos demandantes sostienen que estas medidas representan una criminalización del ejercicio del derecho a huelga y una injerencia inconstitucional del Poder Ejecutivo sobre asuntos estrictamente laborales. Advierten que las resoluciones habilitan a una autoridad administrativa a determinar, sin intervención judicial, si una medida gremial constituye un “bloqueo”, lo cual podría justificar represión, despidos o persecución penal.

El fallo y su alcance

El fallo de la Cámara revoca la decisión de primera instancia que había rechazado “in limine” el amparo, y respalda la vía del artículo 47 de la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales como herramienta legítima para impugnar actos estatales que amenacen los derechos colectivos de los trabajadores.

El tribunal también remarcó que las resoluciones ministeriales podrían impactar directamente sobre el derecho de representación sindical, por lo que corresponde habilitar la instancia judicial y someterlas a revisión constitucional.

Lo que viene

A partir de esta resolución, el juzgado de origen deberá ahora resolver la medida cautelar solicitada por los gremios, que busca suspender de forma inmediata la aplicación de las resoluciones mientras se analiza el fondo del amparo.

Este caso se presenta como un precedente clave en el debate sobre protestas laborales, derechos sindicales y el uso de la fuerza pública, en medio de crecientes tensiones entre el gobierno nacional y el movimiento obrero organizado.