Promulgan ley que establece marco regulatorio para proteger el Patrimonio Cultural Inmaterial

El Poder Ejecutivo bonaerense promulgó hoy una ley que establece el marco regulatorio para la Protección del Patrimonio Cultural Inmaterial en el territorio de la provincia de Buenos Aires.

La norma, elaborada por el diputado José Ignacio «Cote» Rossi (Frente de Todos), fue sancionada por la Legislatura el 29 de noviembre pasado y publicada hoy en el Boletín Oficial del distrito.

En su artículo 1 señala que con la norma se busca «garantizar su salvaguardia, protección, difusión, sostenibilidad, investigación, divulgación y estímulo, así como también asegurar su vigencia, recreación y transmisión a las generaciones futuras«, conforme a lo que establece la Ley 26.118, que aprueba la “Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial” de la UNESCO.

La Ley pretende asegurar la salvaguardia de las expresiones del Patrimonio Cultural Inmaterial; promover el respeto del Patrimonio Cultural Inmaterial de las comunidades, grupos e individuos, según sea el caso; y difundir y sensibilizar acerca de la importancia del Patrimonio Cultural Inmaterial y de su reconocimiento.

Para ello, se crea el Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Provincia, a través del cual se relevarán las expresiones del mismo en todo el territorio, a los fines de integrar toda la información necesaria para su adecuada salvaguardia.

«El reconocimiento de las expresiones que se consideren Patrimonio Cultural Inmaterial de la Provincia se hará por Ley de la Legislatura, aprobada por mayoría simple», se añade en el texto de la legislación.

Se aclara que «cuando la expresión de Patrimonio Cultural Inmaterial provenga de una comunidad viviente de pueblos originarios, para la inclusión de la misma en el inventario creado, se deberá adjuntar el consentimiento de la comunidad portadora de dicha expresión, el que deberá ser libre, previo e informado».

Y se destaca que «esto se hará con especial atención al respeto de las costumbres e instituciones de los pueblos, en caso que ellas estén implicadas en el procedimiento». (Télam)