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La subsecretaria de Justicia, Lourdes Polo Budzovsky y el subsecretario de Planificación en Seguridad y Justicia, Leandro Álvarez, participan activamente del debate en la comisión de Reforma del Código Procesal Penal de la provincia que lleva adelante la Cámara de Diputados del Chaco. En el marco de la última sesión de dicha comisión, la subsecretaria de Justicia expuso sobre las propuestas en las que trabaja el Poder Ejecutivo para abordar la situación de emergencia decretada el año pasado por el gobernador Jorge Capitanich. “Es la oportunidad que tenemos de avanzar en una reforma que oriente al proceso penal hacia un proceso plenamente acusatorio y adversarial, donde la oralidad sea el motor de los procesos penales”, señaló la subsecretaria, quien adelantó que la meta del Poder Ejecutivo es lograr una reforma integral que garantice derechos. Asimismo, detalló que resulta pertinente la reforma de la prisión preventiva debido a que hace prácticamente tres décadas que constituye una de las áreas más deficitarias de la justicia penal y existen muchos instrumentos internacionales que obligan a revertir su uso. La propuesta del Poder Ejecutivo Se propone un plan basado en tres medidas concretas: primero, la diversificación de las medidas cautelares para entregar una mayor cantidad de opciones al fiscal, defensor y el juez de Garantías para asegurar la comparecencia y sujeción de la persona imputada al proceso judicial. Segundo, la instauración de una audiencia oral y pública de carácter obligatorio para que en esa instancia las partes debatan sobre el riesgo concreto que representa la persona imputada y la medida más adecuada para neutralizarlo. En tercer lugar, es necesaria la creación de una Oficina de Medidas Alternativas y Sustitutivas (OMAS) al interior del Poder Judicial, que tendrá como misión generar información de alta calidad sobre la situación personal de la persona imputada como así también garantizar que la medida cautelar que se dicte sea controlada permanentemente. En ese sentido, la subsecretaria Lourdes Polo Budzovsky, destacó que es necesario que este nuevo Código Penal pueda tener plazos ciertos, breves y efectivos para todas las partes, que deberán solicitar oralmente ante el juez de Garantías que deberá decidir acerca de las medidas cautelares como la prisión preventiva. “Otra línea de trabajo que estamos llevando adelante es una reforma íntegra en la Administración de Justicia: Colegio de Jueces y Oficinas Judiciales. La organización actual del Poder Judicial es una herencia de la colonia española que es necesario poner en discusión. Por lo mismo, se propone romper con la estructura verticalizada y jerarquizada del Poder Judicial y dotar de mayor eficacia al funcionamiento del mismo mediante la maximización del recurso humano juez”, aseguró la subsecretaria de Justicia. “El juez tiene el deber de juzgar, dictar sentencia, no administrar recursos humanos administrativo”, agregó. Para ello se propone la conformación de Colegios de Jueces que agrupen a todos los jueces y las juezas de primera instancia, como otros colegios para los de apelación. Esto permitirá que el tiempo de los jueces y las juezas esté dedicado exclusivamente a la función jurisdiccional y a garantizar que siempre exista un juez disponible para intervenir en las audiencias y así asegurar que éstas se realicen. Por lo tanto, “consideramos fundamental la creación de Oficinas Judiciales tanto para la justicia civil como penal, para que se encarguen de la labor administrativa de los Tribunales, dirigidas por personas que tengan un conocimiento demostrable en la gestión de recursos”, señaló. También explicó que estas son oficinas que existen en la mayoría de las provincias argentinas y en otros países de América Latina hace más de quince años. “Chaco debe seguir llevando adelante una agenda que ponga a la Justicia como modelo para otras provincias y países de la región”, insistió. Por último, la subsecretaria se refirió a la integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación asegurando que es necesario aumentar el número de sus miembros para garantizar la representación de las provincias. “Hoy cuatro personas deciden sobre la vida, la libertad y los bienes de toda una nación. La reforma es urgente y necesaria porque necesitamos una Corte Suprema que garantice un sistema representativo, republicano, federal y democrático”, concluyó.

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