La vicegobernadora Analía Rach Quiroga encabezó, este jueves en el Centro de Liberados de Resistencia, la apertura del Operativo de Acceso Integral a la Salud y Justicia destinado principalmente a personas con prisión domiciliaria y familiares. Durante la jornada se brinda asistencia médica con profesionales de diferentes especialidades y asesoramiento acerca de los dispositivos provinciales de acompañamiento y acceso a los derechos humanos. El objetivo es garantizar derechos en Salud, Derechos Humanos, Seguridad y Justicia, brindar un espacio para la reinserción y asistencia holística; acompañar el estado de salud de cada tutelado y su familia y favorecer el acceso general a la salud de las personas con prisión domiciliaria bajo la tutelada del Centro de Liberados que depende del Ministerio de Seguridad y Justicia. “Con este abordaje integral podemos acompañar el acceso a la salud regular que tienen las personas privadas de la libertad tuteladas por el centro de liberados y complementarlo con el acceso a los Derechos Humanos”, indicó la subsecretaria de Derechos Humanos Nayla Bosch. Se trata también de un espacio para el acercamiento del Estado con las personas tuteladas con prisión domiciliaria. “En muchos casos nos cuesta más poder acercarnos ya que se encuentran dispersas y entendemos que es fundamental que estas personas sepan que cuentan con la herramienta de guardia de Derechos Humanos y demás políticas públicas de la subsecretaría, como así también del área de género”, sostuvo. El operativo forma parte del programa “Justicia Ciudadana” a través del cual se realizan jornadas similares en diferentes puntos de la provincia para acercar derechos a la ciudadanía. Para ello se realizó un trabajo de campo que detectó el desconocimiento de las personas acerca de sus derechos ni los diversos dispositivos y vías institucionales para realizar los reclamos. Garantizar derechos para la no reincidencia La subsecretaria de Justicia Lourdes Polo Budzovsky sostuvo que la actividad busca acercar derechos a la ciudadanía en general y en particular a las personas que se encuentran abordadas o monitoreadas por el Centro de Liberados. “Buscamos que las personas puedan advertir cuando sus derechos son vulnerados y conocer las herramientas o las vías institucionales pertinentes para hacer los reclamos cuando se encuentran frente a una situación que los expone a una situación de vulnerabilidad”, manifestó. Por último, advirtió que como Estado es fundamental trabajar en la no reincidencia del delito. “Acompañamos para ayudar en la reinserción laboral y brindamos información no solo a las personas que están bajo monitoreo, sino también a sus familiares, es importante que la gente sepa que el Centro de Liberados está abierto a cualquier vecina y vecino que quiera realizar una consulta”, informó. La subsecretaria de Salud Comunitaria y Entorno Saludable Josefina Bittel detalló que la asistencia sanitaria implica la asistencia odontológica, de médicos, obstetras, de salud mental y laboratorio. “En este caso la mayoría son mujeres por eso nos parece muy significativo hacer esta actividad en el marco del 8M porque se encuentran en situación de prisión domiciliaria y muchas veces por las burocracias que implican sacar el turno o solicitar las autorizaciones judiciales, no pueden recibir una asistencia de calidad teniendo que esperar cuando sabemos que a veces la salud irrumpe con características de urgencia”, concluyó.

La propuesta aceptada por los sindicatos que nuclean a las y los trabajadores de la administración pública y del Poder Judicial, garantiza una importante base para lograr una recomposición real del salario en 2022 que le gane a la inflación.

Luego de un proceso de diálogo e intercambio, sindicatos que nuclean a trabajadoras y trabajadores estatales y judiciales aceptaron la oferta del Gobierno provincial en la comisión de política salarial. Así lo anunciaron este mediodía la vicegobernadora Analía Rach Quiroga y el ministro de Planificación, Economía e Infraestructura, Santiago Pérez Pons.

La vicegobernadora celebró el acuerdo alcanzado e indicó que la propuesta implica un piso del 42%, más una suma remunerativa de 2 mil pesos. “Ambos acuerdos garantizan la defensa del poder adquisitivo del salario frente al aumento generalizado de precios”, destacó, señalando que la propuesta responde a los compromisos asumidos por el Ejecutivo provincial durante el año pasado y los meses transcurridos del 2022.

«Logramos una recomposición salarial para las y los trabajadores, que entre el 2016 y el 2019 sufrieron pérdidas salariales, con aumentos que son todos remunerativos al básico. Como dijimos desde el principio, la voluntad y compromiso del Gobierno provincial es que el sueldo de todas y todos los trabajadores supere a la inflación», resaltó por su parte el ministro Pérez Pons.

La pauta general garantiza un piso salarial del 42%, que implica un primer aumento del 15% en marzo más 7% en julio, 7% en octubre y 7% en diciembre. Además se pagará una suma remunerativa de $2.000 en marzo que pasará de forma escalonada al salario básico, 50% en mayo y 50% en septiembre.

La oferta también incluye un incremento en el concepto de refrigerio para la administración pública de $3.000, que se dará en dos etapas: $2.000 en febrero y $1.000 en agosto. De esta manera, pasará a $12.500 en febrero y a $13.500 en agosto.

Además se prevé una revisión en el último trimestre del año en caso de existir variaciones en el contexto macroeconómico que generen índices inflacionarios mayores a los proyectados.

«Estas medidas son prioritarias no solamente por lo que significan para la dignidad de las y los trabajadores, también porque son un impulso muy importante para la economía. Mejores salarios hacen que tengamos mejores bienes y servicios, mayores compras, mayor demanda y por lo tanto mayor producción», remarcó el titular de la cartera económica.

De esta manera el Gobierno logra cerrar el primer trimestre del año con una pauta salarial general definida, y se cumple por segundo año consecutivo con el compromiso de que los salarios le ganen a la inflación con incrementos importantes al salario básico de trabajadoras y trabajadores.

En el 2021 se implementó un aumento escalonado del 40% al básico y el otorgamiento de sumas fijas remunerativas y bonificables, garantizando así un piso de recomposición del 50%. Además, se alcanzaron acuerdos sectoriales para atender demandas particulares de cada dependencia, bonos que se acreditaron al total de las trabajadoras y trabajadores, más un aumento del 91% en el concepto de refrigerio, que pasó de $5.500 a $10.500.