A través del Decreto 693/2026, el Ejecutivo nacional diferió para septiembre el grueso de las actualizaciones impositivas pendientes. Aunque busca evitar un salto brusco en los precios, la medida representa solo un alivio parcial en medio de cinco meses consecutivos de retracción en el consumo de naftas.

En un intento por contener el impacto directo sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Gobierno nacional volvió a patear para adelante la aplicación integral de las cargas tributarias que pesan sobre las estaciones de servicio. A través del Decreto 693/2026 publicado en el Boletín Oficial, la Casa Rosada resolvió dosificar el cobro del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y del Impuesto al Dióxido de Carbono.

De esta manera, el Ejecutivo aplazó hasta el 1 de septiembre el remanente de los incrementos acumulados correspondientes a 2024, 2025 y el primer trimestre de 2026, una maniobra que viene repitiendo de manera sistemática a través de sucesivos decretos desde fines de 2023.

Un freno provisorio que no garantiza naftas congeladas

Pese a los considerandos oficiales que justifican la decisión en la necesidad de «estimular el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible», el ajuste impositivo parcial igual se sentirá a partir del 1 de agosto:

• Naftas: Sufrirán un incremento de $10,572 por litro en el ICL y de $0,648 por el impuesto al dióxido de carbono.
• Gasoil: El ajuste base será de $9,511 por litro en el ICL, más $1,084 de gravamen ambiental (sumado al tratamiento diferencial patagónico).

Sin embargo, el diferimiento fiscal no asegura que la nafta mantenga su valor. Las grandes empresas petroleras —con YPF y Shell a la cabeza— continúan fijando sus pizarras en base a la cotización internacional del barril de crudo, las microdevaluaciones del tipo de cambio y sus propios costos operativos.

La paradoja de un mercado paralizado

El permanente «recule» con los impuestos de los combustibles expone las contradicciones de la gestión económica:

El Gobierno difiere impuestos porque sabe que el bolsillo popular no soporta un aumento más. Con la venta de combustibles acumulando medio año de caídas consecutivas y el gasoil productivo desplomado por el parate de la actividad, la recaudación fiscal choca contra el techo de una recesión que el propio ajuste retroalimenta.

La postergación de los tributos funciona como un parche temporal para evitar que la inflación de agosto se descontrole. No obstante, al acumular incrementos para el mes de septiembre, la presión sobre los surtidores promete seguir siendo una espada de Damocles sobre la economía familiar y los costos de los fletes en todo el interior provincial.