POR MATIAS CONESA

Otra vez, como tantas veces en la historia Argentina reciente, asistimos al espectáculo bochornoso de una Justicia que deja de impartir justicia para volverse herramienta de persecución. Mauricio Macri, el expresidente que endeudó al país por generaciones y fue expulsado por las urnas en 2019, hoy se permite celebrar la condena de Cristina Fernández de Kirchner como si eso lo redimiera de su propio prontuario judicial.

Lo hace con la impunidad de quien tiene la cancha marcada a su favor, de quien se sienta a jugar al fútbol con los mismos jueces que luego lo absuelven, archivan causas o directamente las evaporan.

Cristina lo dijo y Teresa García lo volvió a recordar: a Macri lo echaron a patadas de la historia, pero sigue operando gracias a un sistema corrupto que él mismo ayudó a construir. No hay mérito electoral, no hay apoyo popular, no hay militancia. Hay rosca judicial, hay mesa chica del poder real, hay sentencias escritas antes del juicio.

La senadora bonaerense y secretaria del PJ fue clara: «No supo gestionar un país y fracasó en su carrera política, pero sí supo controlar un sistema corrupto». Y lo demostró con una enumeración que debería incomodar a cualquier república que se precie: más de 30 causas judiciales que rozaron al Grupo Macri en los últimos 40 años, todas resueltas con la misma suerte: el archivo, la falta de mérito o la prescripción.

¿Casualidad? ¿O tal vez eficacia de un sistema que funciona «de forma irregular», como al propio Macri le gusta decir?

Nombres sobran: Ercolini, Luciani, Giménez Uriburu, Mahiques (padre, hijo y espíritu santo del lawfare), Rosatti, Rosenkrantz, Lorenzetti. Algunos jueces, otros fiscales, varios visitantes frecuentes de la quinta de Macri o compañeros de picado. Todos responsables de un armado judicial que tiene un único objetivo: disciplinar al peronismo, proscribir a Cristina y blindar la impunidad del poder económico concentrado.

No es nuevo, pero duele igual. Porque mientras Macri juega al estratega en X (ex Twitter), la principal líder opositora es condenada por decisiones políticas convertidas en delitos penales. Y quienes intentan manifestarse, resistir o simplemente denunciarlo, son acusados de «setentistas» o «antidemocráticos», como si la democracia solo fuera válida cuando gana la derecha.

La Cámpora también lo dijo, con crudeza pero con verdad:

“No tenés votos: tenés jueces y fiscales. Mafia.”

Y es exactamente eso. Una mafia institucionalizada que reparte castigos o perdones según conveniencia. Macri no solo no se arrepiente, sino que redobla la apuesta. Pretende dictar desde las redes cómo debe cumplir condena Cristina, mientras él ni siquiera enfrenta juicio oral por el espionaje ilegal, el escándalo del Correo o la estafa de los peajes.

La pregunta que queda flotando es simple pero urgente: ¿qué democracia estamos construyendo si una parte de la dirigencia puede ser proscripta sin que pase nada, y otra puede delinquir sin consecuencias?

Cuando la justicia deja de ser imparcial para convertirse en facción política, ya no estamos ante un Estado de Derecho. Estamos frente a un dispositivo de disciplinamiento. Y los pueblos disciplinados no son libres.