En una decisión cargada de simbolismo político y judicial, el juez Jorge Gorini, presidente del Tribunal Oral Federal 2, modificó su licencia programada y permanecerá en el país con un único propósito: ejecutar personalmente la detención de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tras la confirmación de la condena en la causa Vialidad.
La sentencia —que impone seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado— quedó firme esta semana luego del fallo de la Corte Suprema, un tribunal fuertemente cuestionado por su accionar selectivo y su falta de imparcialidad. En este contexto, el accionar del juez Gorini refuerza una escena judicial que ya no se oculta: la de una persecución política sistemática.
Gorini tenía programado un viaje y su licencia comenzaba el lunes. Su lugar iba a ser ocupado por el juez Rodrigo Giménez Uriburu. Sin embargo, en una jugada que deja entrever un interés personal en la firma de la detención, Gorini decidió postergar su viaje para ser él quien concrete el procedimiento contra la dos veces presidenta de la Nación.
El mensaje es claro: no se trata de justicia, sino de escarmiento.
Como presidenta del TOF 2 —el tribunal que juzgó el caso—, Gorini no sólo retoma el mando en un momento clave, sino que también deberá definir si Cristina Kirchner podrá cumplir la condena en su domicilio, como ya solicitó su defensa. El informe socioambiental ya estableció que su domicilio es apto, pero el fiscal Diego Luciani —quien protagonizó una de las acusaciones más agresivas de los últimos tiempos— aún debe dictaminar si avala esa posibilidad.
Mientras tanto, la expresidenta decidió poner el cuerpo una vez más. En un posteo en redes sociales, criticó duramente a la Corte Suprema, denunció el uso político del Poder Judicial y ratificó que este miércoles 18 de junio se presentará en Comodoro Py para quedar a disposición de la justicia. “No somos la derecha mafiosa que se profuga durante años y luego es sobreseída”, escribió, en referencia al caso del exasesor macrista Fabián «Pepín» Rodríguez Simón.
Cristina Kirchner ha sido blanco de un entramado judicial que ha ignorado sistemáticamente principios básicos del derecho: la presunción de inocencia, el debido proceso y la igualdad ante la ley. El fallo de la Corte no sólo ratifica una condena sin pruebas directas, sino que sella un camino de hostigamiento legal y mediático que viene desde hace más de una década.
En un país donde los privilegios judiciales blindan a quienes han vaciado el Estado y saqueado al pueblo, la justicia se ensaña con quien lo defendió. Lo que se castiga no es un delito, sino un proyecto político.
POR MATIAS CONESA
