A más de ocho años del crimen de Fernando Pastorizzo, la defensa de Galarza presentó un recurso para reducir la condena. Denuncian que se aplicó el agravante por vínculo sin pruebas idóneas y con peritos bromatólogos, exponiendo las fallas de un sistema judicial patriarcal.
La condena a prisión perpetua contra Nahir Galarza volvió a quedar en el centro de la escena judicial. Su nuevo abogado defensor, Eduardo Gerard, solicitó formalmente ante la Sala N° 1 del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos la revisión de la sentencia firme dictada en 2018, tildando al fallo original como un «escándalo jurídico».
La presentación se ampara en el artículo 527 del Código Procesal Penal entrerriano —un recurso extraordinario para condenas firmes— y cuestiona de raíz la figura del «agravante por el vínculo», así como la validez de las pruebas periciales que determinaron la máxima pena.
Peritajes sin idoneidad y sesgo de género en los tribunales
Entre los puntos más graves expuestos por la defensa, se destaca que la pericia informática de más de 1.400 páginas utilizada para probar el tipo de relación sentimental fue realizada por Gabriela Laiño, una funcionaria que años más tarde se confirmó en un juicio laboral que era bromatóloga y carecía de idoneidad técnica: «Si ella no es perito, lo que se presentó en el juicio es falso», sostuvo Gerard.
Asimismo, la defensa apuntó contra la falta de perspectiva de género del tribunal juzgador:
El caso vuelve a exponer los vicios de un sistema judicial que aplica varas distintas según el perfil mediático del acusado. La negativa a revisar con perspectiva de género el contexto de la relación y el uso de peritajes irregulares demuestran cómo, con tal de dar fallos ejemplificadores para la tribuna, la Justicia penal suele atropellar las garantías constitucionales del debido proceso.
Desde la defensa aclararon que Galarza —de 27 años y detenida desde 2017— no busca la impunidad ni niega el hecho, sino la readecuación de una pena que consideran desproporcionada e viciada por errores procedimentales. La pelota volvió a quedar del lado de la Justicia entrerriana, que deberá definir si corrige un fallo manchado por irregularidades.
