La ministra de Seguridad de la Nación confirmó que las partidas para combatir el narcotráfico sufrirán un incremento y defendió el protocolo antipiquetes, uno de los puntos más cuestionados por la oposición.
Queremos orden. Cuando hay orden, hay tranquilidad y cuando tiran piedras vamos a actuar una y otra vez», sentenció la senadora electa. Exigió tratar la baja de la edad de imputabilidad que impulsó desde el Poder Ejecutivo, cuyo dictamen está pendiente de ser discutido en el recinto de Diputados.
Adelantó, además, algunos puntos del proyecto del nuevo Código Penal, todavía no presentado formalmente en el Congreso. Según detalló Bullrich, se agravan las penas de los delitos más comunes, como el homicidio. «Son los que sufren las personas todos los días», explicó.
La ministra también indicó que se creará un capítulo completo de delitos informáticos que estaban dispersos y habló de nuevas figuras delictivas, como el retiro no consentido del preservativo. «Incrementamos fuertemente las penas por delitos de corrupción y se incorpora el soborno entre privados», sumó. También anticipó que se rediseñará la figura del enriquecimiento ilícito y se castigará al narcotráfico con penas más severas. «Habrá mayor protección de la víctima. Los jueces deben escuchar a las víctimas antes de tomar decisiones», agregó Bullrich, que concluyó su explicación aclarando que se trata solo de «una parte de la propuesta». «Vamos a ser receptivos y abiertos», dijo sobre la discusión legislativa, aunque marcó el límite: «No queremos un código Zaffaroni».
«Este presupuesto consolida el orden y la legalidad», concluyó la ministra, flanqueada por Alejandra Monteoliva, secretaria de Seguridad y quien suena como su sucesora. Según detalló Bullrich, el texto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso prevé $7,8 billones para su ministerio. «La inversión en bienes de uso refleja una planificación estratégica. La lucha contra el narcotráfico tendrá un incremento del 84% en sus partidas», detalló la titular de Seguridad. «Ya no se trata de gastar, se trata de hacer rendir los recursos en función de resultados concretos y medibles para los ciudadanos», determinó.
Fuente La Nación
