En una nueva etapa del juicio multimillonario por la expropiación de YPF, el Gobierno argentino presentó su descargo ante la Corte de Apelaciones del segundo circuito de Nueva York. La presentación busca frenar la orden de la jueza Loretta Preska que exige entregar acciones de la petrolera como parte del pago de la sentencia por US$16.000 millones
En el escrito, los abogados del país advirtieron que la ejecución de la orden sin una suspensión provocaría un “daño irreparable” a la Argentina, ya que sería imposible revertir la entrega una vez concretada. Además, anticiparon que, en caso de rechazo, recurrirán de forma urgente ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.
El descargo también criticó duramente la postura de la jueza Preska por ir en contra de precedentes judiciales y del propio criterio del gobierno estadounidense. «Permitir la ejecución sin apelación podría derivar en un conflicto diplomático sensible», se señaló, según el analista Sebastián Maril.
¿Qué puede decidir la Corte?
La Corte de Apelaciones debe resolver si habilita a la Argentina a apelar sin entregar las acciones de YPF. Existen tres escenarios posibles:
- Permite apelar, pero obliga a ofrecer una garantía distinta a las acciones.
- Suspende el fallo de Preska y permite la apelación sin condiciones.
- Rechaza el pedido argentino y habilita la entrega inmediata de acciones.
Este último escenario implicaría una posible situación de desacato con efectos negativos para la Argentina en los mercados internacionales.
El caso YPF en contexto
El conflicto se originó tras la expropiación de YPF en 2012 por parte del gobierno de Cristina Kirchner. Aunque se indemnizó a Repsol, no se aplicó el mismo criterio a otros accionistas como el Grupo Petersen, cuyos derechos fueron comprados por el fondo Burford Capital, hoy principal demandante.
En 2023, la jueza Preska condenó a la Argentina a pagar más de US$16.000 millones. Desde entonces, el país apeló, pero la falta de pago aceleró las presiones judiciales. En ese marco, hasta el gobierno de Donald Trump intervino como amicus curiae a favor de la Argentina.
La decisión de la Corte de Apelaciones podría conocerse en los próximos días y será clave para el futuro de los activos estratégicos del país.
