La determinación generó cuestionamientos de diferentes sectores de la sociedad, alertados por lo que podría generar una decisión de ese estilo en manos del poder Ejecutivo.

La responsabilidad de escoger a los beneficiarios estará a cargo de los ministros del Interior, Alfonso Prada; de Justicia, Néstor Osuna; y de Defensa, Iván Velásquez, y del director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Mauricio Lizcano.

Esa comisión tendrá como rol clave «la coordinación y articulación para la ejecución de la facultad presidencial de admitir como voceros a ciudadanos o ciudadanas pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privadas de la libertad».

La comisión, que será presidida por Osuna, podrá «recomendar la admisión o exclusión de ciudadanos o ciudadanas pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privadas de la libertad como voceros».

Para los críticos de esta iniciativa, el riesgo es que a partir de esta propuesta salgan de las cárceles jóvenes acusados y sentenciados por delitos comunes cometidos en el marco de las protestas sociales de 2021, en particular aquellos que integraron la llamada «primera línea», señalados como grupos violentos sin pertenencia a partidos u organizaciones.

El presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados, Hermens Lara, calificó de “compleja” la decisión del Gobierno y se preguntó cuál es la «base constitucional y legal» para tomar decisiones de excarcelar personas, una competencia que depende de la rama judicial.

Lara reseñó que en el marco de los acuerdos de paz con grupos armados ilegales, el Ejecutivo acudió a normas similares para permitir la excarcelación de miembros de esas organizaciones, en beneficio de las negociaciones.

Pero en el caso de las personas condenadas o procesadas por delitos comunes cometidos dentro de las protestas sociales y que podrían quedar en libertad no hay de por medio un proceso de paz que avale esas excarcelaciones.

«Desde el marco legal podríamos hablar de desistitucionalizar el país», afirmó Lara en declaraciones a Blu Radio, citadas por la agencia ANSA.

Pero el ministro de Justicia aseguró que la decisión de quienes serían gestores de paz quedará en manos de los jueces, quienes «tendrán la última palabra».

Y su par de Defensa recalcó que la norma no busca «hacer una revisión de los procesos» que enfrentan estas personas, porque las causas judiciales de esos «gestores de paz» seguirán su curso. (Télam)