CAPITANICH: «LAS POLÍTICAS DE GÉNEROS SON PRIORITARIAS DE ESTA GESTIÓN Y NUESTRAS ACCIONES LO DEMUESTRAN»

El gobernador enumeró las múltiples intervenciones realizadas e impulsadas desde el Ejecutivo provincial, en tanto que respondió a una carta de un sector de la oposición a la que calificó de "irresponsable" y "oportunista ante las desgracias que resultan los femicidios recientes".

El Gobierno provincial recuerda y ratifica que la problemática referida a las violencias por razones de género en general, y los femicidios en particular “es una cuestión prioritaria a la actual gestión del Poder Ejecutivo”.

 

 

En ese contexto, ante la publicación de una “carta abierta…” dirigida al gobernador, el titular del Ejecutivo provincial recordó que desde inicios de la actual gestión se instruyó a los equipos técnicos de las diferentes áreas, diseñar una agenda de políticas públicas que resuelva, no sólo lo urgente sino también aborde la cuestión de géneros desde una perspectiva integral y basada en la prevención.

 

 

Así, señaló que “se ha jerarquizado las políticas de géneros con la creación de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, como también la Unidad de Coordinación y Monitoreo de Políticas Públicas para la Igualdad que depende de la Vicegobernación”.

 

 

“Esto nos ha permitido repensar las estrategias para abordar las disímiles situaciones que se dan en virtud de las violencias por motivos de género. Prueba de ello son los siguientes datos: entre 2020 y 2021, 3.641 personas cumplieron con la capacitación obligatoria en Ley Micaela, la cual busca capacitar a todas las personas que se desempeñen en la función pública a fin de promover la equidad de género, prevenir las violencias por razones de género e impulsar una vida libre de violencias”, mencionó.

 

 

“En cuanto a las obras de infraestructura, el Poder Ejecutivo de la Provincia del Chaco construyó un Centro de Abordaje a las Violencias por Motivos de Géneros “María Cecilia Baroni”, Resistencia, en el barrio La Rubita, con una inversión total de $16.200.000; un Centro de Asistencia a Víctimas de Violencia de Género y su inversión total asciende a $13,818,411.00. También se avanzó con las obras de Centros de Abordaje en Juan José Castelli (que tienen un proceso de avance del 70%, con inversión total de $23,947,287.76) y en Fontana (con tiene un avance del 60% con una inversión total de $21,690,741.90)”, dijo.

Capitanich recordó que “no menos importante es la Ley de Educación Sexual Integral, la cual a través de su ejecución procura educar en la igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres”.

 

 

Cabe tener presente que, propio del Sistema de Protección Integral actualmente vigente para la provincia del Chaco, y con la clara voluntad política de la gestión, se pudo impulsar la constitución de 56 áreas de géneros hasta la fecha, en articulación con cada una de las localidades y sus equipos técnicos”.

 

 

Asimismo, en plena pandemia, desde la Unidad de Políticas para la Igualdad se pudo crear una Plataforma victimo-asistencial, que registra no solo denuncias, sino también las intervenciones judiciales y post-judiciales de los equipos de seguimiento. Dicha plataforma registra un total de total de 4.568 denuncias, desde su creación en abril 2020 a diciembre de 2021, siendo 255 las que se registraron solo en el mes de noviembre; dentro de estas se registraron: 3.814 casos de violencia psicológica, 2.934 de violencia física, 877 de violencia económica, y 670 de violencia sexual.

 

 

Asimismo, “desde la emergentología electrónica hemos podido avanzar en una inversión de $10.672.000 en botones de pánico y centros de monitoreo. Encontrándose actualmente el primer Centro de Monitoreo del sistema dual de protección para víctimas en la ciudad de Resistencia, previendo para el mes de febrero la ejecución del segundo centro de monitoreo en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña. El sistema dual es uno de los elementos tecnológicos más avanzados con los que cuenta la Provincia actualmente, esto fue posible gracias al Convenio firmado con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a través del cual se asignó a la provincia la disponibilidad de 150 tobilleras electrónicas de rastreo en conjunto con su sistema dual, y la posibilidad de ampliar el cupo. La ejecución se realiza a través de la implementación de un protocolo de cuidados firmado con el Poder Judicial”.

 

 

Además, se proyectó para 2022 la construcción de nuevas Comisarías de la Mujer de la División de Violencia Familiar y de Género de Policía para la ciudad de Castelli con una proyección presupuestaria de $46.400.000; para la Ciudad de Resistencia con una proyección presupuestaria de $58,384,895.11 y la refacción de la Comisaria de Sáenz Peña con un presupuesto de $7.890.000.

 

 

Oposición irresponsable y oportunista ante los femicidios

 

 

Capitanich señaló que “cabe tener presente que son innumerables los proyectos legislativos que hemos impulsado desde el Ejecutivo provincial, especialmente, en el mes de marzo del presente año donde hemos enviado a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley N°527/2021 que permite acelerar las medidas de protección de las víctimas de violencias por razones de género, el cual se encuentra en trámite, sin embargo, también es necesario resaltar que la mayoría de los femicidios cometidos no tuvieron denuncias previas. Para el Poder Ejecutivo Provincial es fundamental trabajar en una Justicia eficaz y rápida, que responda desde una mirada integral las violencias por razones de género, en un proceso que debe ser rápido y que debe mirar a la víctima a fin de protegerla. Apuntamos a trabajar en conjunto con el Poder Ejecutivo en un giro copernicano: que todos puedan aplicar la perspectiva de género para resolver las violencias que llegan a sus estrados”.

 

 

“Independientemente del compromiso político que tiene está gestión en generar centenar de mecanismos que permiten abordar las violencias desde una mirada interdisciplinar e interministerial, no debemos olvidar que la provincia del Chaco cuenta con 3 Fiscalías asignadas a delitos de género, lo que el Ministerio Público Fiscal denomina ‘temáticas en géneros’, no obstante a pesar de la buena voluntad con la que llevan adelante su trabajo, y tal como la sociedad lo viene evidenciando, la especialidad en la investigación penal no ha contribuido a mermar los femicidios, ¿qué evidencia que un Juzgado de Género contribuirá a responder un problema estructural, histórico, que no tiene inclusive una mirada de interseccionalidad y muchos menos intenta federalizar el acceso a la justicia de personas que sufren violencias en el interior de la provincia?”, agregó.

 

 

“Es evidente la irresponsabilidad de una oposición oportunista ante las desgracias que resultan los femicidios recientes. Más aún, resulta una verdadera irresponsabilidad pretender que la ley presentada resulte una posible solución. Dicha ley vetada era no sólo un copie y pegue de leyes ya sancionadas como la Ley de Protección Integral de la Provincia 1886 M, sino también un desacierto jurídico inviable e imposible de ejecutar. La ley vetada no sólo contenía falencias desde el derecho, sino que no tuvieron siquiera el recaudo de prever un presupuesto, por la sencilla razón que no les interesa resolver un problema tan sensible como el que nos toca”, agregó el gobernador.

 

 

“La creación de nuevos juzgados especializados no es el camino para paliar la situación. Sin dudas, si seguimos pensando en actuar después de cometido el acto, vamos a seguir chocando contra la misma pared una y otra vez. Reforzar las políticas de prevención y podemos advertir que el proyecto vetado, no contiene perspectiva de género (excepto por partes copiadas y pegadas de otras leyes), tiene partes que no se entienden, partes que se contradicen con otras, y hasta contradicciones en un mismo párrafo, confunde todas las clases de leyes: civiles y comerciales, penales, de familia, procesales, así también implica un retroceso en materia penal ya que tiene partes de un sistema acusatorio, mixto y adversaria. Por ejemplo: pretende que se aplique el sistema propio del derecho penal, para casos de violencias propias de ámbitos civiles o laborales (violencias simbólicas, por ejemplo). También plantea la creación de Fiscalías de género, las cuales ya existen”.

 

 

“En este supuesto intento de ley, que en lo técnico contiene graves errores, solo logra afectar gravemente a los derechos de las mujeres. Es por ello, que llamo a nuestros legisladores a tomar la temática con responsabilidad y compromiso, y a trabajar arduamente para no volver a cometer estos errores, es el mínimo aporte que podemos hacer desde nuestro lugar y debemos hacerlo bien”, finalizó.