La Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, que preside el diputado Leonardo Grosso, votó a favor de un proyecto que busca establecer presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de envases y reciclado inclusivo.
El objetivo del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo es prevenir y reducir el impacto de los envases sobre el ambiente, introduciendo el principio de “responsabilidad extendida del productor” e integrando en la cadena de gestión a los trabajadores recicladores.
«Apoyamos este proyecto de ley de envases, ya que muchos de esos residuos plásticos terminan en basurales a cielo abierto o lugares clandestinos mal arrojados», lanzó Sergio Hilbrecht, gerente de la Cámara Argentina de la Industria Plástica.
En representación de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), Jaqueline Flores, reclamó su aprobación y enfatizó: “Queremos un sistema de reciclado con inclusión social, para los más de 200 mil cartoneras y cartoneros de la Argentina”.
Consuelo Bilbao, directora del Círculo de Políticas Ambientales, por su parte, consideró que poner un impuesto no es suficiente porque «no queda claro en función de qué se va a aplicar esa tasa y cómo lo va a distribuir” y propuso que las propias productoras se encarguen de reciclar.
Florencia Canzonieri, de la Cámara Argentina Industria de Bebidas Sin Alcohol (CADIBSA), dijo que la posición del sector es favorable a una norma y pidió que “la ley involucre un modelo amplio, que implique el involucramiento de las empresas”. No obstante, también se manifestó en contra de crear un nuevo tributo y dijo que “la implementación requiere de entre 5 y 10 años”, diferenciada por tipo de material.
«Es una cuestión ambiental realmente importante (…) Hoy en día, en la Argentina, se reciclan un millón de toneladas de papel y cartón y se podría reciclar el doble, hay capacidad para poder crecer”, sostuvo Claudio Terrés, presidente del Departamento de Ambiente de la Unión Industrial Argentina (UIA).
Respecto a crear una nueva tasa opinó que va a “encarecer los productos” y perjudicaría a los consumidores, ya que son quienes van a absorber ese costo.
En representación del Poder Ejecutivo, Sergio Federovisky, viceministro de Ambiente de la Nación, defendió el proyecto y se refirió a la discusión en torno al impuesto. “Quienes no tengan aprobado un sistema de gestión, van a tener que pagar la tasa correspondiente. De lo contrario, no hay forma de financiar los sistemas de gestión municipal”, advirtió.
